José Sánchez y Sonia González han vivido legalmente en los Estados Unidos durante dos décadas bajo un programa que permite a los inmigrantes de naciones que sufren desastres naturales y conflictos armados evitar temporalmente regresar a sus países de origen. Pero cuando la pareja de Nueva Jersey solicitó tarjetas de residencia, lo que les permitiría permanecer permanentemente, se las denegaron porque ingresaron al país ilegalmente. Los salvadoreños demandaron en 2015 y la Corte Suprema escuchará su apelación el lunes en un caso que ha atraído poca atención en Washington incluso cuando ha planteado preguntas importantes sobre el enfoque de la administración Biden sobre la inmigración, sin mencionar el estado de cientos de miles de inmigrantes viviendo en un estado de limbo. “Queremos mantener unidas a las familias y algo como esto sería otro obstáculo en el camino para que las personas puedan seguir estando con sus familias”, dijo María Zavaleta, vocera de National TPS Alliance, un grupo que aboga por inmigrantes que se benefician del programa de Estatus de Protección Temporal. Los críticos del TPS dicen que estaba destinado a proporcionar un alivio temporal, no una residencia permanente. Las disputas de inmigración se han salido en gran medida del expediente del tribunal superior este año después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo: muchas cuestiones legales planteadas por la administración del presidente Donald Trump ahora son discutibles porque Biden abandonó las políticas anteriores. Pero en este caso, fue la administración del presidente Barack Obama la que negó las tarjetas verdes y es el Departamento de Justicia de Biden el que ha defendido esa decisión en los tribunales.
