Los atrasos, las demoras en el procesamiento y la escasez de ingresos no son nada nuevo en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). La agencia ha sufrido durante mucho tiempo de graves problemas estructurales que perjudican a las personas que dependen de ella para obtener autorización de trabajo, ajuste de estatus, naturalización y muchos otros beneficios de inmigración. Sin embargo, el impacto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones de la agencia ha empeorado mucho la situación. Como describe el Informe Anual de 2021 del Defensor del Pueblo de USCIS, la agencia ahora está experimentando retrasos en las solicitudes y peticiones “en niveles récord”, así como “funciones de servicio al cliente” drásticamente reducidas. El informe señala que, incluso antes de la pandemia, USCIS estaba luchando con la disminución de los recibos y los ingresos por tarifas que eran insuficientes para cubrir los costos operativos. Pero los ingresos por cobros y tarifas cayeron aún más cuando la pandemia de COVID-19 provocó un cierre casi total de las oficinas de la agencia en marzo de 2020. Muchas funciones de USCIS dependen de interacciones cara a cara. El cierre fue devastador para los solicitantes y peticionarios cuyas entrevistas en persona, citas biométricas y ceremonias de juramento se cancelaron repentinamente.
