Tanto el Departamento de Justicia como el grupo de derechos civiles MALDEF, han formalizado su intención de apelar el reciente fallo del juez federal Andrew Hanen en contra de la versión revisada del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Este programa protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
El Departamento de Justicia y MALDEF presentaron notificaciones de apelación, anunciando que buscarán la anulación del fallo de Hanen ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU en Nueva Orleans. Ambas partes argumentan que los estados no demostraron el daño causado por la implementación de DACA y sostienen que el programa es un ejercicio legal de la discreción presidencial.
Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF, declaró que el aviso marca el siguiente paso en la defensa a largo plazo de DACA, describiendo la decisión de Hanen como plagada de errores legales. Hanen, en su fallo de septiembre, respaldó la posición de Texas y otros ocho estados republicanos que buscaban detener el programa DACA. Los defensores de DACA afirman que el Congreso le ha otorgado al gobierno federal la autoridad legal para establecer políticas migratorias y que el programa es necesario ante la falta de acciones legislativas para proteger a los beneficiarios de DACA.
El fallo de Hanen permite la renovación de protecciones y autorizaciones de trabajo para los titulares actuales de DACA, pero prohíbe nuevas solicitudes. Se espera que el proceso de apelación lleve meses y posiblemente vuelva a llevar el destino de DACA a manos de la Corte Suprema de EEUU. Los estados que demandaron al gobierno por DACA incluyen a Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Mississippi y Kansas.