En un paso controvertido, Texas ha aprobado una ley estatal que otorga a las autoridades locales poderes extraordinarios para detener y expulsar a inmigrantes indocumentados. Este proyecto, respaldado por el gobernador Greg Abbott, marca un desafío directo a la gestión migratoria de la administración Biden y se presenta como la iniciativa más severa de este tipo en Estados Unidos.
La medida, que ha enfrentado rechazo entre los republicanos en varias ocasiones, permitiría a las fuerzas policiales locales detener a extranjeros bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente al estado. Abbott, en su persistente desafío a las políticas de fronteras de Biden, ha empleado diversas tácticas, desde enviar autobuses llenos de migrantes hasta instalar un “muro flotante” en el río Grande.
El proyecto de ley, que aguarda la firma de Abbott, establece un delito estatal por entrada no autorizada a Texas desde el extranjero. Se prevé un cargo leve en la primera infracción, pero se agrava con delitos posteriores. Además, otorga a jueces locales la autoridad para ordenar la expulsión de los detenidos después de verificar su identificación con bases de datos estatales y federales.
Sin embargo, esta legislación contrasta con la ley federal de inmigración, que considera la entrada indocumentada como una falta civil, no criminal. Críticos argumentan que podría conducir a discriminación y arrestos injustos de aquellos legalmente presentes en el país. La ACLU ha catalogado estos esfuerzos antiinmigrantes como un “ataque” a las comunidades fronterizas.
A pesar de la aprobación, algunos republicanos, como el representante estatal David Spiller, defienden que la ley no se aplicará a residentes con más de dos años en el país y que se centrará principalmente cerca de la frontera. Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha expresado la dificultad de aplicar la ley en condados alejados de la frontera.
Esta iniciativa refleja la tensión persistente en torno a la política migratoria en Estados Unidos y plantea preguntas sobre la legalidad y la posible consecuencia de tales medidas.