Un grupo bipartidista en el Congreso y la administración Biden están a punto de llegar a un acuerdo que implementaría amplios controles fronterizos, incluida la autoridad para suspender el procesamiento de asilo durante picos en los cruces de migrantes, según tres personas cercanas a las conversaciones. Después de semanas de negociaciones a puertas cerradas, la Casa Blanca y tres senadores podrían revelar el acuerdo esta semana, siendo la primera gran reforma bipartidista del sistema de inmigración desde la década de 1990.
El acuerdo otorgaría al ejecutivo la autoridad legal para suspender efectivamente el asilo entre los puertos oficiales cuando los cruces superen ciertos umbrales, afectando áreas remotas en Arizona, California, Nuevo México y Texas. Esta medida se aplicaría después de que los cruces diarios promedio alcancen los 5,000 durante siete días o los 8,500 en un solo día, pudiendo activarse de manera discrecional si los cruces diarios promedio superan los 4,000 en una semana.
Bajo esta autoridad, los migrantes que crucen ilegalmente no podrían solicitar asilo y enfrentarían una deportación rápida a México o su país de origen, con excepciones para aquellos que califiquen para formas más difíciles de refugio humanitario. Aunque la ley actual permite solicitar asilo a la mayoría de los migrantes en suelo estadounidense, este acuerdo penalizaría la entrada ilegal, preservando el asilo en los puertos oficiales.
Otras propuestas incluirían expandir la autoridad de expulsión acelerada, instruir a los oficiales de inmigración a decidir casos de asilo en seis meses y elevar el estándar de prueba en entrevistas iniciales de asilo. Aquellos que pasen las evaluaciones humanitarias, incluso con la autoridad de “cierre”, serían liberados para una revisión completa con elegibilidad inmediata para trabajar en EE. UU. También se propone proporcionar abogados a solicitantes de asilo.
La autoridad de libertad condicional, utilizada por Biden para reubicar a más de un millón de refugiados y migrantes, ha sido un punto de conflicto, con discusiones sobre su limitación en las fronteras terrestres. Se espera que el acuerdo destine $14 mil millones para operaciones fronterizas y la contratación de personal adicional. También se incluirían disposiciones sobre inmigración legal, con 50,000 nuevas visas familiares y de empleo, residencia permanente para afganos llegados después de la caída de Kabul en 2021 y estatus migratorio para hijos de titulares de visas H-1B.
El acuerdo no legalizaría a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE. UU., incluidos los “Dreamers”. En diciembre, las autoridades procesaron más de 302,000 migrantes en la frontera sur, un récord, pero los cruces han disminuido desde entonces, atribuidos a un refuerzo en la aplicación mexicana y una pausa histórica postnavideña.