En la actualidad, los inmigrantes tienen muchas más probabilidades de enfrentarse solos a las complejidades del sistema de tribunales de inmigración, sin la asistencia de un abogado. Según datos recientes de la Universidad de Syracuse, solo el 30% de los inmigrantes con casos pendientes cuentan con representación legal, una disminución significativa desde el 65% hace cuatro años.
Este descenso en las tasas de representación, reportado por el Registro de Acceso de Archivos Transaccionales (TRAC) de Syracuse, plantea preocupaciones sobre la capacidad de los migrantes para obtener un abogado que los ayude a navegar por nuestro sistema de inmigración. Aunque la ley federal generalmente brinda a los inmigrantes el derecho a obtener representación legal ante las agencias federales de inmigración, muchos inmigrantes enfrentan dificultades para costearlo o asegurar la asistencia de un abogado pro bono.
La asistencia de un abogado puede ser crucial para el éxito de un caso. Por ejemplo, en los procedimientos de deportación, los inmigrantes que no están sujetos a detención migratoria tienen cinco veces más probabilidades de obtener alivio si están representados legalmente. Además, los abogados contribuyen a la eficiencia en los procedimientos de deportación, lo que se traduce en menos audiencias y más reclamaciones exitosas.
El aumento en la cantidad de casos pendientes ante los tribunales de inmigración en la última década ha exacerbado esta situación. En 2013, había 344,230 casos pendientes. Ahora, la acumulación de casos supera los 3.2 millones, resultado de diversos cambios de políticas y limitaciones en recursos y personal, así como un aumento en la aplicación de la ley de inmigración y reducción de audiencias durante la pandemia.
A pesar de los esfuerzos de algunos estados y ciudades dirigidos por demócratas para proporcionar asistencia y recursos adicionales a los inmigrantes recién llegados, como programas de defensoría pública y redes de asistencia legal para solicitantes de asilo, aún persisten desafíos significativos.
El presidente Biden solicitó en octubre de 2023 $14 mil millones en financiamiento adicional para el sistema de inmigración, incluidos fondos para contratar 375 nuevos jueces de inmigración. Sin embargo, esta solicitud actualmente está estancada en negociaciones del Senado sobre cambios en la política fronteriza y financiamiento relacionado con conflictos armados en Ucrania e Israel.
Es crucial abordar esta escasez de abogados de inmigración para garantizar el acceso a la justicia y una representación adecuada para todos los inmigrantes que enfrentan procesos legales en los Estados Unidos