Una corte del distrito de Columbia apoyo un acuerdo judicial que permitirá a ciertos beneficiarios del TPS, que tengan una orden de deportación final y no sean una prioridad de deportación, para que reabran sus casos y puedan solicitar que se desestime el procedimiento de expulsión y ajustar sus estatus migratorios a residencia permanente.
La demanda fue interpuesta por el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en contra de la directora de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ur Jaddou, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.