El régimen de Ortega y Murillo ha tomado medidas en contra de la Iglesia en Nicaragua, cancelando el reconocimiento legal de la Asociación Compañía de Jesús y confiscando sus bienes. Esto se suma a la confiscación de la Universidad Centroamericana y amenaza con la toma de colegios administrados por los jesuitas. Estas acciones representan un ataque directo a la Iglesia y su labor educativa y social, buscando debilitar su influencia en la sociedad. La comunidad internacional ha condenado estos actos y exigido el respeto a la autonomía de la Iglesia y el cese de la persecución.