El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció el 12 de marzo que continuará bloqueando temporalmente una nueva ley estatal que permite a la policía de Texas arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Texas y México.
Esta decisión del máximo tribunal revierte una decisión del Quinto Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos que habría permitido que la policía comenzara a hacer cumplir el Proyecto de Ley del Senado 4 el 9 de marzo.
La decisión del Quinto Circuito llegó justo un día después de que el juez de distrito David Ezra en Austin bloqueara la SB 4, diciendo que la ley “amenaza la noción fundamental de que los Estados Unidos deben regular la inmigración con una sola voz”.
El gobernador Greg Abbott firmó la SB 4 en diciembre, marcando el último intento de Texas de disuadir a las personas de cruzar el río Grande después de varios años de números históricos de migrantes llegando a la frontera entre Texas y México.
La SB 4 busca convertir el cruce ilegal de la frontera en un delito menor de Clase B, con una pena de hasta seis meses de cárcel. Los reincidentes podrían enfrentar un delito grave de segundo grado con una pena de dos a 20 años de prisión.
La ley también requiere que los jueces estatales ordenen que los migrantes sean devueltos a México si son condenados; las fuerzas del orden local serían responsables de transportar a los migrantes a la frontera. Un juez podría retirar los cargos si un migrante acepta regresar a México voluntariamente.
En diciembre, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas demandaron a Texas en nombre del Condado de El Paso y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes —el Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas con sede en El Paso y American Gateways con sede en Austin— por la nueva ley estatal. Al mes siguiente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó su demanda contra Texas. Las demandas se han fusionado desde entonces.
El 12 de marzo, el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano Estadounidense y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración también presentaron una demanda en nombre de La Unión del Pueblo Entero, un grupo de defensa en el Valle del Río Grande fundado por los activistas de los derechos de los trabajadores agrícolas César Chávez y Dolores Huerta. En su demanda, los grupos de derechos de los inmigrantes sostienen que “cada arresto bajo el poder ilegítimo de la SB 4 es una incautación inconstitucional, y que la imposición de Texas de una pena criminal de destierro constituye un castigo cruel e inusual según la Constitución”.
Estos procedimientos ante el Tribunal Supremo ocurren durante un año electoral presidencial en el que la inmigración ha sido una de las principales preocupaciones para muchos votantes. El ex presidente Donald Trump ha criticado al presidente Joe Biden por sus políticas de inmigración, diciendo que ha incentivado la inmigración ilegal. Biden ha creado algunos caminos estrechos para que los migrantes ingresen legalmente a los Estados Unidos con políticas que buscan disuadir a los migrantes de ingresar al país ilegalmente.
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